Silencio, se graba

Se está debatiendo estos día en Galicia la conveniencia o no de instalar cámaras de vigilancia en los recintos escolares para prevenir la violencia y el acoso escolar. Este debate ya se dio anteriormente en Asturias y en Valencia y en general han generado un debate sobre su regulación. Mientras los responsables de los centros las aceptan como medidas adicionales de seguridad, el Defensor del Menor y los sindicatos creen que violan la intimidad de los estudiantes y de los docentes.

El estudio “La seguridad integral en los centros de enseñanza obligatoria de España”, analiza 273 colegios e institutos de España sobre la seguridad. Y el resultado es que un 25% de los centros educativos españoles tiene sistema de video vigilancia. De ellos, casi un 84 %, tienen sus cámaras instaladas en el exterior del centro, el aparcamiento, administración, la sala de profesores, los pasillos y zona de las taquillas. Y el 9,3 % de los centros que participaron en el estudio reconoció que las cámaras captaban imágenes de zonas especialmente sensibles y protegidas, como pueden ser vestuarios o servicios y el 12% no cuentan con un responsable del sistema, mantenimiento y revisión de la calidad del sistema de videograbación.

 

La instalación de cámaras de video vigilancia en un centro escolar con el fin de controlar determinadas conductas violentas, según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal (LPD), ha de ser una medida proporcional en relación con la infracción que se pretenda evitar y en ningún caso, debe suponer el medio inicial para llevar a cabo funciones de vigilancia, por lo que desde un punto de vista objetivo, la utilización de estos sistemas debe ser proporcional al fin perseguido, que en todo caso deberá ser legítimo.

La instalación de cámaras de video vigilancia sería una medida proporcional y justificada si se cumplen los siguientes requisitos: 1. Que se trate de una medida susceptible de conseguir el objetivo propuesto. 2. Que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia. 3. Que la misma sea ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto. La Agencia de Protección de Datos establece que la captación de imágenes por el sistema de video vigilancia debe solo adecuarse a la finalidad para la que se instalaron. Por eso, y salvo en circunstancias excepcionales, no se puede utilizar para el control de la asistencia escolar ni de de la actividad de los trabajadores de manera permanente, por no respetar el principio de proporcionalidad.

Lo más alarmante y sorprendente a la vez del estudio citado anteriormente es que en casi un 10 % de los centros se han detectado e intervenido armas. Algo que merecería un análisis pormenorizado de cada uno de esos casos y no despacharlo con un simple porcentaje.